Luego de semanas de diálogo y negociaciones entre los partidos políticos y la sociedad civil, el Congreso de Honduras finalmente llegó a un acuerdo y seleccionó a los 15 magistrados que conformarán la nueva Corte Suprema del país. Ocho mujeres y siete hombres fueron elegidos para representar al máximo tribunal del país y defender los intereses del pueblo hondureño.
Honduras elige una lista completa de 15 magistrados de la Corte Suprema cada siete años a través de un proceso de nominación y selección realizado por la Junta Nominadora y luego por el Congreso Nacional. A fines de 2022, la Junta Nominadora, compuesta por representantes de siete organismos, fue seleccionada para supervisar el proceso de selección y evaluar la idoneidad de los magistrados, así como apoyar la independencia judicial. Las entidades incluyeron la Corte Suprema saliente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio de Abogados de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la confederación de trabajadores, profesores de derecho y sociedad civil.
En enero de 2023, después de varias rondas de selección, una serie de pruebas, verificación de antecedentes y audiencias públicas, la Junta Nominadora envió una lista de 45 candidatos – 23 mujeres y 22 hombres – de un grupo de aproximadamente 185 postulantes al Congreso Nacional, marcando la primera vez que más mujeres que hombres fueran nominadas.
A través de una votación que requirió una mayoría de dos tercios, el Congreso Nacional nombró a los nuevos magistrados luego de un largo proceso de negociación entre los partidos políticos sobre cómo distribuir mejor los 15 escaños entre ellos. Se observaron estándares de paridad de género cuando se eligieron más mujeres que hombres y la elección del primer magistrado afro-hondureño espera mejorar la representación legal y la visibilidad de este grupo étnico vulnerable.
Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia comenzarán sus nuevas funciones al servicio del pueblo hondureño a través de la administración de justicia bajo el estado de derecho y la Constitución, manteniendo los más altos estándares de conducta judicial relacionados con la independencia, imparcialidad, integridad, equidad y diligencia.