EXECUTIVE SUMMARY
Ecuador has one of the lowest unionization rates in Latin America due to the prevalence of and impunity for anti-union practices, fueled by a weak regulatory environment and insufficient enforcement of existing protections. The International Labour Organization has repeatedly found Ecuador in violation of fundamental labor rights like freedom of association, particularly surrounding the Ministry of Labor’s decision to not recognize sectoral unions and severe delays in affording unions formal recognition.
This report uses the information gathered from two separate fact-finding investigations to explore the challenges related to unionization and workers’ rights in Ecuador. First, in 2023, the American Bar Association Center for Human Rights (ABA CHR) collaborated with ASTAC (Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos), a sectoral banana workers’ union, to conduct an interview-based study to gather information on examples and patterns of anti-union activity in the banana sector in Ecuador. More recently, ABA CHR supported an Ecuadorian legal organization, CIDDT (Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo) in interviewing over thirty union leaders and members as a part of a broad cross-sectoral study on antiunion practices occurring in Ecuador.
Both studies illustrate the prevalence and variety of tactics undertaken by employers against unionization efforts and individual union leaders, expose how the current regulatory environment enables these practices, and reveal the necessity of legal reform in Ecuador to better protect workers. As a threshold issue, the Labor Code [Código del Trabajo] has a number of weaknesses, including the excessive number of workers required to form a union, the lack of recognition of sectoral unions, and the lack of protections for anti-union retaliatory dismissals outside of the organizing and collective bargaining phases. Additionally, there is currently a high administrative burden imposed on workers who allege that they were illegally dismissed with minimal opportunities for direct redress or compensation.
Both investigations demonstrate how companies across different sectors engage in anti-union practices with little to no consequences to them. The most common anti-union practices were retaliatory dismissals of known union members and leaders, workplace harassment used to pressure employees to resign or leave the union, the blacklisting of union affiliated employees, and the establishment of employer allied “yellow-unions.” Other practices reported by workers include the use of financial incentives to coerce employees into leaving the union and the use of abusive litigation to criminalize union leaders. Often, employers utilize a combination of these tactics against different workers and union leaders as part of a larger antiunion campaign at a worksite. Many of these anti-union practices fall into gray areas where existing laws and regulations do not sufficiently protect workers, and the administrative burdens of proof are too onerous for most workers or unions to navigate. The situation is further exacerbated by limited institutional capacity, especially of the local labor inspectorates, leaving both unions and workers without adequate government protection.
RESUMEN EJECUTIVO
Ecuador tiene una de las tasas de sindicalización más bajas en toda Latinoamérica debido a la prevalencia e impunidad de las prácticas antisindicales, lo cual es exacerbado por un débil entorno regulatorio y una insuficiente aplicación de las protecciones existentes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en reiteradas ocasiones, ha señalado a Ecuador por violar derechos laborales fundamentales como la libertad sindical, particularmente en lo que concierne la decisión del Ministerio del Trabajo al no reconocer los sindicatos por rama y también los atrasos excesivos en el reconocimiento formal de sindicatos.
Este informe utiliza la información recopilada en dos investigaciones distintas para analizar los desafíos relacionados a la sindicalización y a los derechos de los trabajadores en Ecuador. Primero, en 2023, el Centro de Derechos Humanos del Colegio Estadounidense de Abogados [American Bar Association Center for Human Rights] (ABA CHR) colaboró con la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC), un sindicato por rama de trabajadores bananeros, para realizar un estudio basado en entrevistas y recopilar información sobre ejemplos y patrones de actividad antisindical en el sector bananero en Ecuador. Más recientemente, el ABA CHR apoyó a una organización jurídica ecuatoriana, el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo (CIDDT), en la realización de entrevistas a más de treinta líderes y miembros de sindicatos como parte de un amplio estudio intersectorial sobre prácticas antisindicales en Ecuador.
Ambos estudios ilustran la prevalencia y variedad de tácticas utilizadas por los empleadores contra la sindicalización y líderes sindicales individuales, exponen cómo el entorno regulatorio actual permite estas prácticas y revelan la necesidad de una reforma legal en Ecuador para proteger mejor a los trabajadores. Como cuestión de umbral, el Código del Trabajo presenta una serie de debilidades, entre ellas el número excesivo de trabajadores requerido para formar un sindicato, la falta de reconocimiento de los sindicatos por rama y la carencia de protecciones contra los despidos antisindicales que ocurren antes o después de los procesos de organización y negociación colectiva. Adicionalmente, a las personas trabajadoras que alegan haber sido despedidas ilegalmente se les impone una alta carga administrativa y se les otorga un mínimo de oportunidades de reparación o compensación directa.
Ambas investigaciones evidencian cómo las empresas de diferentes sectores participan en prácticas antisindicales con poca o ninguna consecuencia para ellas. Las prácticas antisindicales más comunes fueron los despidos como represalia contra miembros y líderes sindicales, el acoso laboral utilizado para presionar a los trabajadores a renunciar o dejar el sindicato, la inclusión de personas afiliadas al sindicato en listas negras y la creación de “sindicatos amarillos” aliados de los empleadores. Otras prácticas reportadas por los trabajadores incluyen el uso de incentivos económicos para coaccionar a los trabajadores a abandonar el sindicato y el uso de litigios abusivos para criminalizar a los líderes sindicales. Con frecuencia, los empleadores utilizan una combinación de estas tácticas en contra de los trabajadores y líderes sindicales como parte de una campaña antisindical más amplia. Muchas de estas prácticas antisindicales caen en un área gris en la que las leyes y reglamentos vigentes no ofrecen protecciones suficientes a los trabajadores, y la carga administrativa de la prueba es demasiado onerosa para que la mayoría de los trabajadores o sindicatos puedan hacerle frente. Esta situación se ve agravada por la limitada capacidad institucional, especialmente de los inspectores del trabajo locales, lo que deja tanto a los sindicatos como a los trabajadores sin una adecuada protección gubernamental.