March 23, 2021 INFORME PRELIMINAR

Ecuador: Informe preliminar sobre los cargos penales presentados contra el organizador laboral Jorge Acosta

Jorge Acosta es un defensor de los derechos de los trabajadores y coordinador del sindicato bananero ASTAC en Ecuador.

Jorge Acosta es un defensor de los derechos de los trabajadores y coordinador del sindicato bananero ASTAC en Ecuador.

Crédito de la foto del artículo: Jorge Acosta ; Crédito de la imagen destacada: "The Banana Worker" de Sgillins13 tiene licencia CC BY-NC-ND 2.0.

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Introducción

Jorge Acosta [1], defensor de los derechos de los trabajadores y coordinador del sindicato bananero ASTAC en Ecuador[2], se ha enfrentado a numerosas acusaciones penales relacionadas con sus esfuerzos de organización. Estos procedimientos penales en su contra se han caracterizado por una serie de graves irregularidades. El Centro de Derechos Humanos (CDH) de la ABA realiza observaciones de juicios en todo el mundo para fomentar el cumplimiento de las normas sobre juicios justos. Ha supervisado los procedimientos anteriores contra el Sr. Acosta y sigue supervisando los procedimientos en curso contra él. El presente informe preliminar expone los resultados de estas observaciones hasta la fecha. Se publicará un informe final cuando concluyan los procedimientos en curso.

Antecedentes

Las acusaciones contra el Sr. Acosta se enmarcan en un contexto más amplio de restricciones indebidas a la organización laboral. Las exportaciones de bananos representan la mitad del PIB agrícola de Ecuador[3]. La Defensoría del Pueblo ecuatoriana ha informado que los trabajadores de esta industria crucial se enfrentan a obstáculos legales para formar sindicatos[4]. Según la ASTAC, la asociación se ha enfrentado a obstáculos legales para inscribirse formalmente en el registro nacional de sindicatos públicos de Ecuador durante los últimos cinco años[5]. Desde finales de 2018, el Sr. Acosta ha sido objeto de tres denuncias penales en posible represalia por sus esfuerzos para registrar el sindicato. Estas denuncias incluían acusaciones de difusión de información falsa para crear pánico económico en 2019, invasión a la privacidad en 2020 y, más recientemente, fraude fiscal.

El 18 de abril de 2019, poco después de que Jorge Acosta publicara una denuncia presentada ante la Comisión Europea en donde se establecía que Ecuador incumplía las disposiciones sobre derechos laborales básicos del Acuerdo Comercial entre Colombia, Ecuador y Perú y la Unión Europea, Acosta recibió la notificación de una demanda formal presentada en su contra por un particular, que lo acusaba de difundir “información falsa en relación con el trato que reciben los trabajadores agrícolas en Ecuador” a los medios y a organizaciones no gubernamentales (ONG), incluida Oxfam, con el objetivo y efecto de beneficiar a la competencia extranjera.[6] En esta demanda se sostiene que el Sr. Acosta violó el artículo 307 del Código orgánico integral penal ecuatoriano, que penaliza a toda persona que divulgue información falsa que conlleve «pánico económico o financiero» –términos vagamente definidos en el código– con cinco a siete años de prisión.[7] El Sr. Acosta está siendo investigado en relación con estas acusaciones, pero todavía no se han presentado cargos formales en su contra.[8]

Luego, el 7 de febrero de 2020, el Sr. Acosta fue arrestado por supuesta violación a la privacidad de un juez al intentar filmar la respuesta de este a su solicitud de copias de documentos judiciales en relación con el despido de trabajadores bananeros que intentaban formar un sindicato [9]. El Sr. Acosta quedó detenido durante varias horas por invasión a la privacidad, cargo que acarrea una pena de hasta tres años de prisión. El cargo se retiró luego de que el juez, que era el denunciante, no se presentara a la audiencia programada en la causa el 11 de marzo de 2020[10].

Estas acusaciones fueron seguidas por un requerimiento excesivo del fiscal [11] de la causa por violación a la privacidad para acceder a las comunicaciones personales del Sr. Acosta sin demostrar la relevancia de esas comunicaciones para los cargos. A continuación, se inició una investigación preliminar contra el Sr. Acosta por fraude fiscal en respuesta a la denuncia presentada a las autoridades por un testigo que había declarado previamente contra el Sr. Acosta como parte de la investigación sobre el pánico económico.[12] En este caso, a las ONG internacionales se les negó el acceso a por lo menos una de las audiencias contra el Sr. Acosta sin justificación, en violación del derecho a un juicio público.

Normas jurídicas pertinentes

La Confederación Sindical Internacional ha observado un patrón de represión de la actividad asociativa y la expresión prosindical en Ecuador.[13] Desde al menos 2015, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha solicitado a Ecuador que tome medidas para modificar los artículos 443, 449, 452 y 459 de su código laboral para eliminar los impedimentos al ejercicio del derecho a la libertad de asociación.[14] La OIT también le ha pedido a Ecuador que modifique la sección 346 de su Código orgánico integral penal para evitar la criminalización de las huelgas pacíficas.[15] Además, el relator especial de la ONU ha criticado el artículo 307 del Código orgánico integral penal relativo a la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión por permitir el inicio de acciones penales abusivas contra periodistas y defensores de derechos y la difamación de funcionarios públicos.[16] Estas disposiciones de la legislación ecuatoriana impiden significativamente la formación de sindicatos y el ejercicio del derecho a la libertad de asociación.

Después de observar varias de las audiencias en los casos contra el Sr. Acosta, los abogados del CDH han llegado a la conclusión de que hay motivos para preocuparse de que los funcionarios puedan estar utilizando los procedimientos penales contra el Sr. Acosta para intimidarlo y silenciarlo en violación de su derecho a un juicio justo, así como de su derecho a las libertades de asociación y de expresión. Estos derechos están garantizados por la Constitución de Ecuador [17], por varios instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos de los que Ecuador es Estado Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

En primer lugar, el caso del Sr. Acosta plantea preocupaciones en relación con la motivación indebida. El PIDCP [18], la Convención Americana sobre Derechos Humanos [19] y la Convención Europea de Derechos Humanos [20] proscriben las acciones penales impulsadas por motivaciones indebidas, cuyo uso sugiere arbitrariedad y falta de justicia.  Hasta ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado casi exclusivamente la acción indebida del Estado, prohibida por el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el contexto de otros artículos, como el artículo 8 sobre el derecho a un juicio justo [21] y el artículo 24 sobre el derecho a la igualdad de protección de la ley. [22] Por ello, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los indicios de motivación indebida es valiosa. El Tribunal Europeo ha considerado que las pruebas circunstanciales, como el clima político, el momento de los procedimientos y la inadecuada justificación de la acción estatal, son probatorias.[23] La selección aparente de un individuo específico también puede apoyar la inferencia de una motivación indebida.[24] El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sostenido además que una acción penal que sí tiene una finalidad legítima puede ser declarada ilegal debido a una motivación ulterior.[25] Al analizar los casos que implican posibles objetivos políticos, el TEDH ha subrayado que los esfuerzos por socavar la democracia y el Estado de Derecho deben someterse a un mayor escrutinio.[26]

En segundo lugar, el caso del Sr. Acosta plantea problemas relacionados con el derecho a un juicio justo. En particular, el artículo 14 del PIDCP establece que toda persona tiene derecho, en general, a ser oída públicamente y con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, como parte del derecho a un juicio justo.[27] El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano encargado de la interpretación autorizada del PIDCP, ha defendido este requisito en repetidas ocasiones.[28]

En tercer lugar, el caso del Sr. Acosta plantea problemas relacionados con el derecho a las libertades de expresión y de asociación. La CIDH ha subrayado que la libertad de expresión es esencial para permitir el funcionamiento de los sindicatos.[29] En materia laboral, la Corte ha establecido que el derecho a la libertad de asociación protege la capacidad de constituir sindicatos e implementar su estructura interna, actividades y programas de acción, sin que las intervenciones indebidas del Estado limiten u obstaculicen este ejercicio.[30] El Tribunal también ha sostenido que los procesos penales pueden tener «un efecto intimidatorio o inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión, en contra de la obligación del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de este derecho en una sociedad democrática».[31]

Conclusión

El proceso contra el Sr. Acosta se ha caracterizado por sus reiteradas irregularidades. Las acusaciones económicas iniciales podrían considerarse vagas y excesivamente amplias, y se extendían a la expresión protegida. Esa investigación ha estado pendiente durante más de un año sin que se hayan iniciado los cargos. Los cargos posteriores por invasión a la privacidad se utilizaron para intentar buscar información personal sobre el acusado no relacionada con la supuesta mala conducta. Los cargos fueron posteriormente abandonados por el denunciante. A los observadores internacionales se les negó el acceso a esas audiencias sin justificación. A la luz de estas irregularidades y del continuo incumplimiento por parte del Estado de Ecuador de sus obligaciones de no interferir en la formación de los sindicatos, existen motivos para preocuparse de que estas irregularidades sean el resultado de una motivación indebida para los procedimientos penales, a saber, el deseo de intimidar al acusado e interferir en las actividades organizativas legales.

Si, de hecho, el proceso actual carece de un fundamento penal adecuado, el uso indebido de los procesos penales podría equivaler a una violación de los derechos del Sr. Acosta a un juicio justo y a su derecho a la libertad de asociación y la libertad de expresión. Todo procedimiento futuro debe ser público y basarse adecuadamente en acusaciones creíbles de conducta delictiva para evitar cualquier infracción indebida del derecho del Sr. Acosta a la libertad de asociación y a un juicio justo. El Centro de Derechos Humanos continuará supervisando este caso.

Citas

[1] Este informe fue preparado por abogados y expertos pro bono del Centro de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Abogados (ABA) y refleja sus puntos de vista. No ha sido revisada ni aprobada por la Cámara de Delegados o la Junta de Gobernadores de la ABA y, por lo tanto, no debe interpretarse como una representación de la política de la ABA en su conjunto. Además, nada en este informe debe considerarse como asesoramiento legal en un caso específico. [This report was prepared by staff attorneys and pro bono experts of the American Bar Association (ABA) Center for Human Rights and reflects their views. It has not been reviewed or approved by the House of Delegates or the Board of Governors of the ABA and therefore should not be construed as representing policy of the ABA as a whole. Further, nothing in this report should be considered as legal advice in a specific case.]

[2] ASTAC es el acrónimo en español de “Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas bananeros y Campesinos”.

[3] Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Banana: An INFOCOMM Commodity Profile, en 5 (2016), https://unctad.org/system/files/official-document/INFOCOMM_cp01_Banana_en.pdf.

[4] Véase, p. ej., Defensoría del Pueblo Ecuador,  Informe de verificación de vulneraciones de Derechos Humanos en las provincias de producción bananera de Ecuador (2019), https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/INFORME_SOBRE_VIOLACION_EN_LAS_PLANTACIONES_BANANERAS_DE_ECUADOR_1.pdf.

[5] Organización Internacional del Trabajo, Comité de Libertad de Asociación, Denuncia contra el Gobierno de Ecuador presentada por la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC) y la Asociación Sindical de la Compañía Frutas Selectas S.A FRUTSESA, Caso n.º 3148, Informe nº 391 (octubre de 2019), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3247268.

[6] Denuncia contra Jorge Acosta por pánico económico presentada por Felipe Carlos Santiago Merelo ante el Fiscal General del Estado Ecuatoriano, en 1 (21 de diciembre de 2018) (en el archivo del autor).

[7] Código Orgánico Integral Penal, artículo 307, 10 de febrero de 2014, https://wipolex.wipo.int/en/text/444012.

[8] A pesar de que los informes públicos sugerían que la investigación estaba cerrada (véase, p. ej., el artículo de Swedwatch, nota infra8), esta parece estar en curso.

[9] “Defensor ecuatoriano enfrenta nuevas acusaciones legales” [en adelante, el artículo de Swedwatch], Swedwatch, 10 de marzo de 2020, https://swedwatch.org/industry/ecuadorian-defender-faces-new-legal-accusations/.

[10] Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de los Ríos con Sede en el Cantón Babahoyo, Resumen de las actuaciones judiciales, Fiscal General del Estado contra Jorge Washington Acosta Orellana (N.º 12282-2020-00328) (en los archivos del autor). Véase también el artículo de Swedwatch, nota supra.8.

[11] Autorización para extraer información de discos de audio/video presentada por el fiscal Cristian Peralta ante la jueza Gabriela Sornoza, (10 de febrero de 2020) (en el archivo del autor).

[12] Correo electrónico de Jorge Acosta a Juan Ramírez (13 de marzo de 2020, 4:00:56 EST) (en el archivo del autor).

[13] Véase Ecuador – Encuesta de la CSI sobre las violaciones de los derechos sindicales, Confederación Sindical Internacional (CSI), https://survey.ituc-csi.org/Ecuador.html?lang=en#tabs-3 (visitado por última vez el 12 de noviembre de 2020). 

[14] Véase, p. ej., Organización Internacional del Trabajo (OIT), Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones [en adelante CEACR], Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (núm. 87), Observación sobre Ecuador, adoptada en 2015, publicada en la 105ª reunión de la CIT (2016), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3254991.

[15] Organización Internacional del Trabajo (OIT), CEACR, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (núm. 87), Observación sobre Ecuador, adoptada en 2019, publicada en la 109ª reunión de la CIT (2021), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:4023504:NO.

[16] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Observaciones Preliminares del Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión después de su visita en Ecuador, 5 – 11 de octubre 2018”, https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23713&LangID=S.

[17] Constitución de la República del Ecuador (2008) (los artículos 39, 45 y 55 garantizan la libertad de asociación; los artículos 21, 23, 29, 45, 57 y 66 garantizan la libertad de expresión; los artículos 11, 51, 55, 66, 75,76, 86, 88 y 89 garantizan los derechos a un juicio justo, garantías judiciales y protección judicial).

[18] Aunque el PIDCP proscribe el inicio de acciones penales con motivaciones indebidas, el Comité de Derechos Humanos aún no ha establecido criterios claros para evaluar cuándo hay una motivación indebida. Véase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14(1), abierto a la firma el 23 de marzo de 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entró en vigor el 23 de marzo de 1976); Comité de Derechos Humanos, Khadzhiyev y Muradova contra Turkmenistán, Documento de Naciones Unidas CCPR/C/122/D/2252/2013, 2018, párrafo 7.7; Comité de Derechos Humanos, Nasheed contra Maldivas, Documento de Naciones Unidas CCPR/C/122/D/2851/2016, 2018, párrafo 8.7. Véase también Monitoreo del juicio de Guatemala contra Abelino Chub, Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association, agosto de 2019, https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/trialwatch/guatemala-fairness-report-abelino-chub.pdf.

[19] Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 30, 22 de noviembre de 1969, O.A.S.T.S. N.º 36. 1144 U.N.T.S. 123 (entró en vigor el 18 de julio de 1978) («[l]as restricciones que, conforme a esta Convención, puedan establecerse al goce o ejercicio de los derechos o libertades reconocidos en ella no podrán ser aplicadas sino conforme a leyes dictadas por razones de interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas»).

[20] onvenio [Europeo] para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, abierto a la firma art. 18, 4 de noviembre de 1950, 213 U.N.T.S. 222 (en vigor desde el 3 de septiembre de 1953, enmendado por los protocolos n.º 3, 5, 8 y 11 que entraron en vigor el 21 de septiembre de 1970, el 20 de diciembre de 1971, el 1 de enero de 1990 y el 1 de noviembre de 1998, respectivamente) («Las restricciones permitidas por el presente Convenio a dichos derechos y libertades no podrán aplicarse con fines distintos de aquellos para los que han sido establecidas»).

[21] Corte IDH, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) contra Venezuela, Objeciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 22 de junio de 2015, Serie C N.º 293, ¶ 184-99; Corte IDH, Caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) contra Ecuador, Objeciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 23 de agosto de 2013, Serie C N.º 266, ¶ 173-179; Corte IDH, Caso Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) contra Ecuador, Objeciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Serie C N.º 268, ¶ 210-19.

[22] Corte IDH, Caso Norin Catriman y otros, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 29 de mayo de 2014, Serie C N.º 279, ¶ 222-230.

[23] Véase Comité Europeo de Derechos Humanos, Merabishvili contra Georgia, App. N.º 72508/13, 2017, ¶ 312-317, 352; Comité Europeo de Derechos Humanos., Selahattin Demirtas contra Turquía (N.º 2), App. N.º 14305/17, 2018, ¶ 263-267, 273; Comité Europeo de Recursos Humanos, Navalnyy contra Rusia, App. N.º 29580/12, 2018, ¶ 168-170.

[24] Comité Europeo de Recursos Humanos, Navalnyy contra Rusia, App. N.º 29580/12, 2018, ¶ 168-170.

[25] Comité Europeo de Derechos Humanos, Merabishvili contra Georgia, App. N.º 72508/13, 2017, ¶ 303-305.

[26] Véase Comité Europeo de Recursos Humanos, Navalnyy contra Rusia, App. N.º 29580/12, 2018, ¶ 173-175; Comité Europeo de Derechos Humanos., Selahattin Demirtas contra Turquía (N.º 2), App. N.º 14305/17, 2018, ¶ 272.

[27] Nota supra 17.

[28] Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General n.º 32, artículo 14: Derecho a la igualdad ante los tribunales y a un juicio justo, Documento de Naciones Unidas CCPR/C/GC/32 (23 de agosto de 2007).

[29] Lagos del Campo contra Perú, Objeciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. C) N.º 340, ¶90 (31 de agosto de 2017).

[30] Id. ¶156.

[31] López Lone y otros contra Honduras, Objeciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos (ser. C) N.º 302, ¶176 (5 de octubre de 2015).