The American Bar Association Center for Human Rights (ABA CHR), through its Justice Defenders program, is monitoring the ongoing proceedings against human rights defender, mother, feminist, student leader, and human rights defender Juliana Higuera. Ms. Higuera’s next hearing will take place in Boyacá, Colombia on May 16, 2023.
Ms. Higuera has helped lead several human rights efforts at university, regional, and national levels, including several youth and feminist organizations. She played a prominent role in the recent historic protests in Colombia between April and June 2021, in which she wore a vest identifying her as a human rights defender, with the role of observing, documenting, and denouncing violations that occurred during the protests. During the protests, Ms. Higuera and the organizations she belonged to made over 20 public statements denouncing violations committed by the police, armed forces, and municipal authorities.
Ms. Higuera, who is the mother of a young child, was arrested in her home on November 22, 2021. A concurrent search of her apartment uncovered no evidence, though the police seized her phone. Her initial hearing took place on November 23, 2021, along with six other individuals who participated in the protests. There, she learned for the first time that her phone had been tapped since May 2021, earlier than the investigation had formally begun. She has been charged with the crimes of a conspiracy to commit crimes, the possession, creation, and trafficking of controlled substances/dangerous objects and the use or throwing of dangerous objects/substances.
The possible jail time associated with these charges can be quite high, which is connected to a tendency to criminalize and persecute people who participate in social protests in Colombia. For example, the charge of conspiracy to commit crimes can lead to up to 8 years in prison. The application of these high criminal penalties against social leaders and participants in protests in particularly concerning in the context of stigmatization of human rights defenders and protesters in Colombia.
On November 25, 2021, the court entered a pretrial detention order against Ms. Higuera and the other defendants in the case. She was then detained for 99 days, 15 days of which occurred at a police station far from where she lived, before being transferred to jail. She was then under released from jail and held under house arrest for being a mother head of household. On February 28, 2022, the court revoked the detention order against all seven people involved in the case.
Trial monitoring, which entails sending a neutral observer into court to observe trial proceedings, permits an impartial assessment of whether a trial meets regional and international standards. Colombia is a State Party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights, both of which guarantee the right to a fair trial among other relevant human and civil rights.
The views expressed herein represent the opinions of the authors. They have not been reviewed or approved by the House of Delegates or the Board of Governors of the American Bar Association and, accordingly, should not be construed as representing the position of the Association or any of its entities. Further, nothing in this report should be considered as legal advice in a specific case.
Español
El Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association, a través de su programa Defensores de la Justicia, está monitoreando a nivel internacional el proceso judicial en contra de la defensora de derechos humanos, mamá, feminista, abortera y líder estudiantil Juliana Higuera, quien tendrá la audiencia preparatoria de juicio el próximo 16 de mayo de 2023, en Boyacá, Colombia.
Juliana Higuera ha integrado varias organizaciones de derechos humanos y populares a nivel universitario, regional y nacional, incluyendo organizaciones juveniles y feministas. Ella hizo un acompañamiento fundamental durante las protestas masivas en Colombia entre abril y junio de 2021, en las cuales la mayoría de las veces vestía un chaleco que la identificaba como defensora de DDHH, entre otras funciones, realizaba el rol de observar, documentar y denunciar las violencias estatales que ocurrieron durante el paro. Durante las movilizaciones, Juliana y las organizaciones de derechos humanos de las que era miembro presentaron más de 20 pronunciamientos públicos denunciando las vulneraciones cometidas por la policía, las fuerzas armadas y las autoridades municipales.
Juliana Higuera, quien es madre soltera, fue detenida en su apartamento en Paipa, Boyacá el 22 de noviembre de 2021, esta detención se realizó junto a un allanamiento donde no se encontraron pruebas de ningún delito, aunque sí le incautaron su teléfono celular. Tuvo la audiencia de imputación el 23 de noviembre de 2021 junto con otras 6 personas que participaron en las protestas, en estas audiencias se enteró que su teléfono había sido interceptado desde el mes de mayo, antes de que la investigación empezó formalmente. Tiene imputados los delitos de concierto para delinquir, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias/objetos peligrosos y empleo o lanzamiento de sustancias/objetos peligrosos.
Las penas posibles para estos cargos son muy severas, lo que responde a una tendencia de criminalización y persecución a las personas que participaron de la protesta social en Colombia. Por ejemplo, el delito de concierto para delinquir tiene un rango de pena de hasta 8 años en prisión. La aplicación de estas figuras penales exacerbadas en contra de líderes sociales y participantes en protestas, es un aspecto de preocupación particularmente en el contexto de la estigmatización de los defensores de derechos humanos y las protestas en Colombia.
El 25 de noviembre de 2021 les impusieron medida de aseguramiento. En relación con esta, Juliana Higuera estuvo privada de la libertad durante 99 días, de los cuales estuvo 15 días en una estación de policía en un municipio lejano, luego la trasladaron a una cárcel para reseñarla y de allí la llevaron a detención domiciliaria por ser madre cabeza de familia. El 28 de febrero del 2022 revocaron la medida de aseguramiento a las 7 personas de este caso, desde entonces se encuentran defendiéndose en libertad.
Realizaremos veeduría de los juicios, lo cual consiste en enviar a un observador neutral al tribunal para que observe las actuaciones judiciales, permite evaluar de forma imparcial si un juicio cumple las normas y derechos regionales e internacionales. Colombia es un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a un juicio justo entre otros derechos humanos y civiles relevantes.
Las declaraciones y el análisis son únicamente de los autores y no han sido aprobados por la Cámara de Delegados o la Junta Directiva del Colegio de Abogados Americano. Estos no representan la posición o política del Colegio de Abogados Americano. Además, ninguna parte de este informe deberá considerarse como asesoría jurídica para casos específicos.