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Hace ya más de 15 años que en Puerto Rico existe un Programa de Medición Neta que ha sido clave en el desarrollo de la energía renovable. El programa comenzó en el año 2007 con la aprobación de la Ley del Programa de Medición Neta, Ley Núm. 114 del 16 de agosto de 2007. Dicha ley promueve el sistema de generación distribuida en el cual cada participante es compensado por la energía eléctrica que produce en exceso y que aporta a la red.
A pesar de haberse establecido desde el 2007, no fue sino hasta después del paso del Huracán María en el año 2017 cuando la integración del sistema de generación distribuida cobró auge como resultado de las constantes interrupciones en el sistema eléctrico de la Isla. Impulsados por un servicio sumamente frágil e inestable, y apoyados en importantes incentivos gubernamentales y filantrópicos, el Programa de Medición Neta en Puerto Rico reportó para el 2022 una capacidad de 1,000 megavatios de generación distribuida. Ante este aumento en interconectividad es que surge el reto de cómo continuar el Programa de Medición Neta y cómo distribuir el costo de la infraestructura eléctrica entre todos los que participan del mismo. A pesar de que el reto de distribución de cargas económicas no es nuevo y ocurre en otras jurisdicciones, la realidad jurídica y financiera que enfrenta Puerto Rico se une a la transformación del sistema eléctrico de la Isla que recién comienza mientras navega a la misma vez una de las quiebras más grandes del sistema de bonos municipales de la entidad pública que controla el servicio eléctrico y del propio gobierno de Puerto Rico.
El sistema eléctrico en Puerto Rico tiene su zénit con la creación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entidad pública encargada de electrificar a la Isla, y que es financiada mayormente mediante la emisión de bonos. La AEE controlaba la producción, distribución, y reglamentación del mercado de energía en Puerto Rico. Ya para los inicios del 2000, el nivel de solvencia de la entidad era uno crítico, alcanzando una deuda de cerca de 9 mil millones de dólares. Tras varios intentos de reestructuración y ajustes fiscales, incluyendo el nombramiento de una Oficial de Reestructuración en el 2014, la AEE incumplió en el 2016 con cerca de 400 millones de dólares de sus obligaciones. Para ese mismo año se aprobó en el Congreso federal la Ley PROMESA, 130 Stat. 549 (2016), estableciendo un mecanismo de reestructuración de deuda ejecutado por una Junta de Supervisión Fiscal (en adelante, “JSF”). Es bajo este mecanismo de reestructuración que la AEE se acogió a la quiebra bajo el Título III de PROMESA en el 2017.
Mientras la AEE enfrentaba restos financieros, por otro lado se produce una transformación de alcance y gobernanza del sistema eléctrico. En el 2014, bajo la Ley Núm, 57-2014, se creó lo hoy se conoce como el Negociado de Energía, quien desde entonces ha fungido como el ente regulador de la energía en Puerto Rico. Esta agencia tiene la capacidad de establecer e implementar guías, estándares, prácticas y procesos para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico. Más adelante, en el 2018, se aprueba la Ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico, Ley Núm. 120 del 20 de junio 2018, la cual, entre otras facultades, permite contratos de privatización de las operaciones de transmisión y distribución, así como la administración privada de las plantas generatrices de energía bajo la AEE. Bajo este esquema legislativo es que pasa la transmisión y distribución de energía eléctrica a manos de LUMA Energy, una empresa conjunto (“joint-venture”) formado entre Quanta y Artco. El contrato con LUMA Energy fue anunciado en junio de 2020, y éste entró en vigor en junio de 2021. Tiempo más tarde, se completa el proceso de privatización de la AEE cuando la generación de energía eléctrica pasó a manos de Genera PR, una subsidiaria de New Fortress Energy.
Otro cambio significativo en la política pública energética de la Isla se dió en el 2019, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Política Pública de Puerto Rico, Ley Num. 17 del 11 de abril de 2019. Dicho estatuto tiene como propósito trazar las metas de producción y alcanzar el 100% de fuentes de energía renovables. Actualmente, Puerto Rico produce el 12% de su energía a través de fuentes renovables, mientras que para el 2025 la meta aumenta a un 40 %, según dispone la Ley Núm. 17-2019.
Bajo este panorama de cambios estructurales en el sistema eléctrico y objetivos agresivos de producción de energía renovable es que se suscita la controversia sobre la medición neta. En el 2024 se aprueba la Ley Núm. 10-2024 la cual enmienda la Ley del Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica, Ley Núm. 114-2007. Aquí se le ordena al Negociado de Energía a evaluar y considerar los beneficios y costos relacionados con el Programa de Medición Neta en Puerto Rico. Más importante aún, esta enmienda aplaza la facultad del Negociado de Energía para realizar el estudio sobre medición neta hasta el año 2030. Según la enmienda, solo luego de efectuado el estudio es que el Negociado de Energía podría hacer recomendaciones y fijar una nueva tarifa aplicable a todo cliente de medición neta para años subsiguientes al 2030. Anteriormente, el Negociado de Energía tenía hasta el 14 de abril de 2024 para rendir informe. El mismo debería tomar en consideración los factores de los costos de generación de energía, el valor de la capacidad, los costos de transmisión y distribución, las pérdidas evitadas en el sistema, y los costos evitados de cumplimiento ambiental, entre otros factores, que el Negociado determine que pudieran ser relevantes y apropiados.
Así las cosas, la JSF demandó al Gobierno de Puerto Rico para anular la Ley 10-2024 el 26 julio de 2024, bajo el fundamento de que las anteriores enmiendas le impiden al Negociado de Energía ejercer sus facultades de regular el sistema eléctrico, al extender el tiempo que tiene para realizar su estudio, lo que efectivamente habría de retrasar cualquier cambio sobre la tarifa de medición neta hasta el 2031. El Gobierno de Puerto Rico contestó dicha demanda alegando que la demanda no justifica la concesión de un remedio.
Puerto Rico se encuentra ante una difícil encrucijada en dónde tiene que: 1. reestructurar la deuda, 2. transicionar a fuentes de energía renovable, y 3. lograr un sistema eléctrico estable y equitativo para todos. Por un lado, la JSF vela por la confiabilidad de la reestructuración de la deuda de la AEE. La misma depende en gran medida de obtener suficientes ingresos para sustentar las operaciones de energía y pagarle a los bonistas. Si se mantiene el Programa de Medición Neta sin sufrir cambios hasta el 2030, la AEE no tendrá ingresos suficientes para operar ni para pagar a sus bonistas como se plantea hoy. Ante esta realidad, no debe sorprender que la JSF quiera interferir con la facultad del Negociado de Energía para así devaluar la medición neta, con lo que pretende aumentar ingresos para pagar la deuda y forzar al Negociado de Energía a realizar el estudio de medición neta con las correspondientes enmiendas y reestructuración de las tarifas.
Por otro lado, la medición neta incentiva a los clientes para que de manera individual adquieran equipos solares para obtener mayor estabilidad energética y disminuir su factura de energía. Cada día que pasa, son más los clientes que encuentran accesible el instalar unidades para generar electricidad en sus casas, con el correspondiente aumento de producción de energía de fuentes renovables. Sin embargo, la producción de energía solar no tiene un gran impacto en la demanda pico, que generalmente ocurre luego del atardecer, donde la generación solar no es viable. Esto causa que el factor de carga (“load factor”) aumente, ya que hay menos ingreso por el crédito de medición neta sin afectar el costo fijo por la producción de electricidad.
Una solución que se ha venido desarrollando en otras jurisdicciones es la devaluación de medición neta. Bajo este programa, en vez de dar el crédito por la energía producida a razón de 1:1, se concede menos por el crédito por producción de energía comparado con el de la tarifa de energía. Ahora bien, la devaluación de la medición neta podría afectar la adopción a mayor escala de energía renovable en Puerto Rico, la economía que lo sustenta (empleos, instalaciones, créditos, etc.), la merma de ventas de equipos solares, así como otros de los esfuerzos pautados en la Ley 17-2019. Por ejemplo, el estado de California aprobó un estatuto en abril del año 2023 que devaluaba la medición neta a un 75%. Esto tuvo el efecto imprevisto de mermar las ventas e instalaciones solares en dicho estado en el año 2023. Como resultado de lo anterior, California se esfuerza actualmente en traer de vuelta su anterior Programa de Medición Neta.
En fin, la controversia sobre la ley de medición neta en Puerto Rico nos ha llevado a la inesperada intersección entre la independencia del Negociado de Energía, los poderes de la Asamblea Legislativa, y la autoridad de la JSF dentro de su rol en la reestructuración de la deuda. Solo el tiempo dirá quien habrá de prevalecer en este choque.
