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Puerto Rico está atravesando su mayor transformación energética desde la década de 1940. Los huracanes María e Irma devastaron el frágil sistema eléctrico, agravando la pobre condición del sistema eléctrico ya agotado, resultando en varios apagones masivos. Como respuesta de esto, privatizaron la generación, transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, operando todavía con ciertas deficiencias. Como remedio a esta incertidumbre energética, las fuentes de energía renovables han surgido como alternativa para combatir la incertidumbre y alcanzar la resiliencia energética. La integración de estas fuentes también ha levantado retos y preocupaciones por la estabilidad del sistema eléctrico.
Este fue el tema central del panel “A New Dawn: Disasters as Drivers to Energy Transformation.” Este se dio como parte de la conferencia titulada Disaster Recovery & Resilience Conference organizada por la sección de Ambiente, Energía y Recursos Naturales de la American Bar Association. La conferencia se llevó a cabo en la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico el 8 de febrero de 2024. Los panelistas fueron los siguientes: Agustín Carbó, director del Equipo de Recuperación y Modernización del Departamento de Energía Federal, Ruth “Tata” Santiago, abogada y activista ambientalista y Lilian Mateo, Comisionada Asociada del Negociado de Energía en Puerto Rico (NEPR). Cada uno de ellos presentó su perspectiva sobre los retos y las posibles soluciones para alcanzar las metas dispuestas en la Ley 17-2019, que propone la ambiciosa meta de que Puerto Rico genere toda su energía con fuentes renovables para el año 2050.
La Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA) es una corporación pública de Puerto Rico que es propietaria del equipo de generación, transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Hoy en día, las compañías privadas son quienes operan la generación (Genera PR), transmisión y distribución de energía (LUMA Energy). El sistema eléctrico sirve a 1.4 millones de clientes en 78 municipios. A pesar de que el sistema eléctrico tiene una capacidad para generar 6 gigavatios (GW) de energía, este apenas produce la demanda actual, un poco más de 3 GW. Entre el 94-97 por ciento de toda la energía producida está basada en combustible fósil y el 70 por ciento de toda la generación eléctrica se produce en el sur de Puerto Rico y se distribuye a toda la Isla. En cuanto a la producción de energía renovable, en recursos de generación distribuida, DER's por sus siglas en inglés, (sistemas de placas solares instaladas en las casas) hay alrededor de 766 MW en capacidad y en productores independientes de energía renovable tienen una capacidad agregada de 254 MW (IPP, por sus siglas en inglés).
La Lcda. Lillian Mateo presentó tres preocupaciones principales con la realidad del sistema eléctrico. Primero, modernizar la red es demasiado costoso y ni la AEE ni el gobierno central de Puerto Rico tienen la capacidad de emitir nueva deuda para financiar los proyectos. Segundo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) recién comenzó a desembolsar fondos pero su propósito es reemplazar y no modernizar los sistemas eléctricos dañados. En otras palabras, si los equipos anticuados se dañaron por los huracanes, estos deben ser reemplazados por los mismos equipos en vez de comprar equipo más eficiente y moderno. A partir de esta incertidumbre, hay un número creciente de solicitudes para la interconexión de la red, lo que es un buen indicador de un aumento de los DERs pero también trae retos debido a la inestabilidad de producción de energía, especialmente por la noche.
La Lcda. Ruth Santiago tiene amplia experiencia trabajando como abogada y activista ambiental en el sector comunitario. Al vivir en el sur de Puerto Rico, reconoce de primera mano las consecuencias de la producción de energía en el sur de Puerto Rico: las emisiones al aire, contaminación del agua y efectos adversos de los residuos en cenizas. También añadió que el sur de Puerto Rico es donde entran la mayoría de las tormentas y huracanes, afectando la mayor parte de la producción energética. En cuanto a la implementación de energías renovables, sostiene que Puerto Rico está creando un sistema separado, paralelo y desigual en el que las personas que pueden adquirir un sistema de paneles solares pueden tener seguridad energética, mientras que la mayoría de la gente tiene inseguridad energética y aún depende del sistema centralizado.
Por su parte, Agustín Carbó brindó su perspectiva como primer presidente del NEPR y ahora como parte del Departamento de Energía. Después de la aprobación de la Ley 57-2014 y la Ley 17-2019, el Departamento de Energía ha sido asesor para agilizar el proceso de recuperación a nivel estatal y federal. Ante la crisis energética, el Departamento de Energía creó un Fondo de Resiliencia de Emergencia, donde separó un fondo de mil millones de dólares para modernizar la red eléctrica con energía renovable. Menciona que uno de sus principales desafíos del Departamento de Energía fue desarrollar relaciones con las comunidades como parte del Fondo de Resiliencia de Emergencia. Apoyándose de las palabras de la Comisionada Mateo, reconoce que la inmensa penetración de las fuentes renovables requiere una red eléctrica estable.
Durante todo el panel, Ruth, Agustín y Lillian aportaron posibles soluciones para acabar con la incertidumbre energética. Ruth ha trabajado con una organización no gubernamental (ONG) llamada Queremos Sol que realizó un estudio para apoyar la implementación de sistemas de energía distribuida en todo Puerto Rico y la transición del sistema eléctrico dependiente de la transmisión y distribución a un sistema de producción local. También reconoce que los proyectos pilotos han sido costosos y han necesitado voluntarios y donaciones para financiarlos y construirlos. Reconoce además que, si bien hay un movimiento hacia las energías renovables, en realidad los componentes del sistema se están moviendo hacia la generación con gas natural usando la excusa de que es una transición hacia las energías renovables, lo cual es innecesario. Por último, Tata Santiago exhortó a que las comunidades se le brindara acceso a educación en el tema de energía para enfrentarse a estos problemas.
En su intervención para posibles soluciones, Agustín comentó que trabajó con el estudio PR 100, que es un estudio realizado por el Departamento de Energía y seis laboratorios de energía, con el propósito de buscar posibles alternativas para cumplir con las metas de la Ley 17-2019. El objetivo es alcanzar el 100 por ciento de energía procedente de fuentes renovables para el año 2050. Carbó reconoce que será difícil alcanzar el 40 por ciento para finales del año 2025, pero aún expresó que es una posibilidad. El Departamento de Energía también cuenta con el programa Solar Ambassadors que identifica comunidades de bajos ingresos para construir proyectos de energía renovable. Este está vinculado a la iniciativa del Fondo de Resiliencia Energética.
Por su parte, Lilian Mateo quiere crear una red modernizada y flexible con una cartera diversificada de fuentes de energía. Ella imagina un modelo de prosumidor en el que los individuos compran y venden energía. Para lograrlo, todavía se necesita una red central y un sistema de transmisión robusto para distribuir la energía. A su juicio, la red eléctrica necesita una inversión significativa para modernizarse, tener en cuenta las debilidades de los sistemas de distribución de energía y estabilizar la red eléctrica.
Al final, se necesitará una cantidad significativa en inversión, flexibilidad de los fondos de FEMA y un esfuerzo combinado de las comunidades, el gobierno estatal y el gobierno federal para lograr un sistema de energía renovable fuerte y resiliente en Puerto Rico.
